El
impuesto sobre la vivienda es un gravamen al que están sujetos los inquilinos, los ocupantes a título gratuito o los propietarios de un
bien inmueble. Forma parte de los
impuestos locales destinados a financiar los gastos de las
administraciones locales. Se calcula el 1 de enero de cada año y se fija en función de:
- el valor catastral de la vivienda (alquiler anual si la vivienda estaba alquilada) y de sus dependencias;
- la ubicación de la residencia;
- la situación personal del propietario, del inquilino o del ocupante a título gratuito.
El
cálculo del impuesto también tiene en cuenta las
deducciones aplicadas a los gastos de los
hogares. En concreto, el
valor catastral de una
residencia principal se reduce en un 10 % por cada una de las dos primeras personas a cargo y en un 15 % por cada una de las siguientes. Los contribuyentes con una
renta imponible inferior a determinados límites también se benefician de una
deducción en este tipo de
impuesto. Además, es posible obtener una
exención del impuesto sobre la vivienda para los
contribuyentes viudos o mayores de 60 años con
bajos ingresos. Las personas con discapacidad o invalidez y los
beneficiarios de una prestación complementaria también se benefician de este derecho
fiscal.
Cuando un
contribuyente compra una propiedad con un préstamo, las cuotas mensuales, los intereses asociados y los gastos de seguro pueden afectar a su capacidad para
pagar el impuesto sobre la vivienda. Para minimizar los costes, puede empezar por elegir una oferta de
seguro de crédito más ventajosa que la de la entidad crediticia. A este respecto, tiene derecho a rescindir su contrato y suscribir uno nuevo con una aseguradora externa, según lo
dispuesto en la ley Lemoine de 2022.
La compañía de seguros externa ofrece tarifas competitivas y personaliza la cobertura (en función de la situación personal y las necesidades del contratante). Aunque la
cuota del seguro resulte más barata, conviene comprobar la equivalencia de las
garantías.
Es importante saber que, desde el 1 de enero de 2023, se ha suprimido el impuesto sobre la vivienda para todas las personas que residen en su domicilio principal. Esta supresión no afecta a las residencias secundarias. El objetivo anunciado es reducir la carga fiscal de los hogares con un aumento de sus ingresos después de impuestos.
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