El
PSI o
préstamo sin intereses es un crédito sin
gastos de tramitación, cuyos intereses son pagados por el Estado. Creado en 1995, permite a los
hogares con ingresos
modestos e intermedios
adquirir una vivienda financiando entre el 20 % y el 40 % de la transacción. Por lo tanto, no puede cubrir la totalidad del importe de la adquisición de un bien y debe complementarse con otro crédito.
La elegibilidad para el préstamo
sin intereses depende de un sistema de zonificación que determina el tipo de
compra inmobiliaria financiada. En este sentido, las zonas A, A bis, B1, B2 y C son todas favorables a la adquisición de una
vivienda nueva. Solo las zonas B2 y C permiten la compra de una vivienda antigua con obras. No obstante, las obras deben representar más del 25 % del valor de la propiedad y contribuir a que esta alcance un
rendimiento energético mínimo.
Además, la obtención de un PSI cumple dos condiciones importantes, en particular el respeto de los
límites máximos de recursos y el hecho de ser
primer comprador. Estos requisitos no se aplican en determinados casos, entre otros, a las personas que tienen una tarjeta de discapacidad o que acreditan la incapacidad para trabajar.
Aparte de esto, los bancos que conceden el
préstamo sin intereses firman un contrato con el Estado. Este último está representado por la SGFGAS (Sociedad de Gestión de Fondos de Garantía para el
Acceso Social a la Propiedad). Además, como cualquier
préstamo hipotecario, el plazo de amortización del PSI es de 20, 22 o 25 años. También existe un periodo de aplazamiento del pago de 5, 10 o 15 años.
Para garantizar el pago de las cuotas mensuales en caso de que se produzca algún imprevisto (por ejemplo, fallecimiento o pérdida de autonomía), el banco suele exigir la contratación de un seguro de
crédito. Y desde la entrada en vigor de la ley Lemoine en 2022, el beneficiario del PSI tiene derecho a rescindir el contrato de seguro del banco. Esta legislación también le da libertad para elegir la oferta que mejor se adapte a su situación financiera. A este respecto, el seguro de
crédito contratado con una compañía externa ofrece tarifas competitivas que permiten al asegurado ahorrar dinero.
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