Para poder celebrar un contrato de préstamo con una
entidad de crédito, el solicitante debe ofrecer garantías suficientes (
garantías reales). El objetivo es tranquilizar al
prestamista sobre su capacidad de reembolso. Estas garantías pueden referirse a personas (
fianza), bienes
corporales (
hipoteca) o bienes
incorporales (
prenda).
El prenda es un compromiso escrito por el que un
prestatario ofrece un bien como garantía de un préstamo hipotecario contratado. Se trata de una
garantía real que se refiere exclusivamente a bienes inmateriales, como un producto financiero (cuenta de ahorro, seguro de vida), un
fondo de comercio o
participaciones sociales. En
caso de impago del préstamo hipotecario, el prestamista puede embargarlos para cobrar.
El prestatario sigue teniendo prioridad sobre la inversión o la cuenta pignorada. Sin embargo, no puede disponer de ella durante todo el periodo de reembolso. Si opta por una pignoración total, se bloquean todas las cuentas, incluidos los pagos posteriores. En el caso de una pignoración parcial, solo se ve afectado el importe que garantiza la deuda.
La constitución de una prenda debe ser objeto de un contrato escrito. Este contrato puede formalizarse mediante
escrito privado entre el banco prestamista y el prestatario. También es posible optar por un
documento público. En este caso, un notario o un funcionario público deberá estampar su sello en el
documento de prenda.
Independientemente de la forma del acuerdo, este debe ser firmado por las partes
bajo pena de nulidad. A continuación, debe registrarse y hacerse público. Una vez reembolsado íntegramente el préstamo, el prestatario debe solicitar el
levantamiento de la prenda para recuperar la plena posesión del bien pignorado.
Si bien la prenda presenta numerosas ventajas, esta forma de garantía requiere, no obstante, disponer de ahorros o inversiones financieras considerables. A diferencia de un seguro de crédito, no ofrece una protección completa. El seguro de crédito cubre el reembolso del préstamo en caso de invalidez, pérdida de autonomía o fallecimiento. Por lo tanto, constituye una solución prudente que permite preservar las inversiones y garantizar la seguridad financiera de la familia del prestatario.
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