La SCII o
Sociedad Civil de
Inversión Inmobiliaria es una entidad que recauda fondos de varios inversores particulares
para invertir en
inmuebles de alquiler. También conocida como «
pierre-papier», se trata de una inversión a largo plazo. Su funcionamiento colectivo permite que muchas personas que desean entrar en el
mercado inmobiliario puedan acceder fácilmente a él. Al poner en común sus recursos financieros, pueden adquirir y gestionar una cartera diversificada de
bienes inmuebles (viviendas, oficinas, locales comerciales, etc.).
Un
inversor puede realizar
inversiones en una o varias participaciones de una SCII. Cada socio se convierte, en cierto modo, en copropietario de un
patrimonio inmobiliario. Sin embargo, no se encarga él mismo de la
gestión inmobiliaria. La
sociedad gestora de la SCII se encarga de todo (adquisición del parque inmobiliario, renovación, alquiler, mantenimiento y revalorización).
A cambio de la suma
invertida, cada socio percibe dividendos procedentes de los
alquileres pagados por los
inquilinos de los
inmuebles. El importe de estos ingresos depende del número de participaciones que cada inversor posea en la SCII. Los ingresos se distribuyen a plazos regulares tras el plazo de disfrute, que suele oscilar entre 4 y 6 meses. Se trata del tiempo necesario para que la SCII invierta los fondos recaudados (búsqueda de
activos inmobiliarios y puesta en alquiler).
Para responder a diferentes objetivos, existen tres tipos de SCII, a saber:
- la SCII fiscal (para la defiscalización),
- la SCII de rendimiento (para percibir ingresos por alquiler regulares)
- la SCII de plusvalía o SCII de capitalización (para la revalorización).
Al igual que en una
inversión inmobiliaria clásica, es posible recurrir a un crédito inmobiliario para
comprar participaciones de una SCII. En este caso, es imprescindible contratar un seguro de crédito. Se trata de una medida de seguridad tanto para el banco prestamista como para el prestatario. Su objetivo es garantizar la continuidad del reembolso del
préstamo en caso de pérdida del empleo, invalidez o fallecimiento del suscriptor. De este modo, se alivia la presión financiera que podría recaer sobre el asegurado y su familia.
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